Lo que organizaciones defensoras
del patrimonio arquitectónico porteño no consiguieron en
El expediente deberá pasar esta
semana a otro juez ya que el viernes, día inhábil para los Tribunales, Danas
era la jueza de turno.
La decisión fue tomada debido a
que el último día de este año vence la protección establecida por la ley
2.548 . Esta norma dice que los pedidos para demoler edificios de más de
70 años de antigüedad deben ser analizados por el Consejo Asesor de Asuntos
Patrimoniales. Sólo si este organismo entiende que el inmueble no tiene valor
patrimonial, queda liberada la demolición.
Esta ley fue prorrogada varias
veces, pero este año el bloque del PRO rechazó someterla nuevamente a votación
en el recinto. Varios bloques opositores insistieron para prorrogarla, pero no
consiguieron los votos suficientes.
La jueza Danas dictó una
medida precautelar , que es una resolución urgente con la que se
busca impedir que una situación de hecho provoque una acción irreparable.
El fundamento de la jueza fue,
por un lado, que la
Legislatura todavía tiene formalmente el tema en discusión y
que entonces se debe congelar la situación como está ahora, hasta que los
diputados resuelvan. En ese sentido, pidió a la Legislatura que envíe
a Tribunales copias de los expedientes sobre el tema.
También se apoyó en el artículo
27 de la Constitución
porteña, que establece que la
Ciudad debe preservar su patrimonio urbanístico y
arquitectónico.
El amparo fue presentado por las
organizaciones Basta de Demoler, Fundación Ciudad y S.O.S Caballito, que
señalaron que la medida judicial “permitirá que mientras transcurra el debate
en la Legislatura
no exista especulación inmobiliaria que pretenda apurar las demoliciones
aprovechando la desprotección legal”.
Daniel Gutman
Diario Clarín
Lunes, 26 de diciembre de 2011
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